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FUERTE POLÉMICA

El PSOE denuncia ante el Juzgado la exclusividad de una diputada de Guadalajara por 50.000 euros

El portavoz del PSOE en la Diputación de Guadalajara, Julio García
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EL DIGITAL/Efe

20/04/2017 .
El PSOE de la Diputación de Guadalajara ha presentado ante el Juzgado contencioso-administrativo un recurso contra el acuerdo entre el equipo de gobierno de la institución, del PP, y la exdiputada de Ciudadanos Yolanda Ramírez, por el cual cobrará 50.000 euros anuales por dedicación exclusiva.

El portavoz del PSOE en la Diputación de Guadalajara, Julio García, ha asegurado que dicho acuerdo es "la materialización de un caso claro de transfuguismo y de corrupción política", y ha añadido que se trata de "un escándalo político de primera magnitud, al que debería oponerse con todas sus fuerzas cualquier demócrata decente, porque es pura corrupción política".

Por eso, ha recalcado que el PSOE se ha mostrado dispuesto desde el primer momento a combatirlo por todos los medios a su alcance, y para ello no ha dudado en acudir a los tribunales.


"Es ilegal"

García ha hecho estas manifestaciones a las puertas del edificio que alberga el Juzgado, donde ha acudido acompañado por varios diputados provinciales del grupo socialista.

El portavoz socialista se ha mostrado convencido de que el acuerdo aprobado en Pleno en enero por el PP y la propia diputada es ilegal, porque incumple la ley y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que limitan los derechos económicos de quienes abandonan el grupo político por el que resultaron elegidos.

Además, ha afirmado que el acuerdo se salta el Reglamento de la Diputación, un documento que igualmente restringe los derechos económicos de los diputados no adscritos, y el Código de Buen Gobierno de la propia Corporación, en el que se establece como norma de obligado cumplimiento el pacto antitransfuguismo.

Por todo ello, ha resumido que se trata de un acuerdo "ilegal, ilegítimo e indecente".

Por otro lado, García ha denunciado que aún no se ha convocado la Comisión de Seguimiento del Plan de Transparencia y Buen Gobierno, solicitada por vía urgente hace más de un mes para analizar este caso, y también para cumplir con la obligación de presentar el informe anual.
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